Partiendo de ese consenso social, nuestro proyecto poltico tom decisiones para dar respuesta a los distintos hechos de violaciones de los derechos humanos hasta transformar esa respuesta del Estado en polticas pblicas. Sin embargo persiste hoy uno de los legados ms macabros de aquella dictadura: la violencia institucional entendida como la violacin de los derechos humanos ejercida por las fuerzas policiales, de seguridad y del servicio penitenciario. Un verdadero flagelo que destruye vidas, familias y comunidades enteras azotando, en particular, a nuestros sectores populares. Como contracara de tanto sufrimiento, surge la organizacin ciudadana para la bsqueda de justicia y la capacidad transformadora de nuestro pueblo que troca dolor y terror por lucha y valenta.
Pero el Estado no puede demorarse ni un minuto ms en hacerse responsable pleno de esta gran deuda que tiene la democracia consigo misma y por eso desde el bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos presentamos este proyecto de Ley contra la violencia institucional.
El mismo propone generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, as como tambin otorgar acompaamiento y reparacin integral a las vctimas. Indica pautas de accin frente a las denuncias para que la recepcin de las mismas se realice a travs de un mecanismo transparente y eficaz. Crea un registro nico de denuncias para lograr informacin fehaciente que nos permita conocer la realidad de todo el pas. Tambin un programa de capacitacin, formacin y reentrenamiento en derechos humanos y en regulacin del uso de la fuerza. Establece reglas claras para el funcionamiento de las fuerzas de seguridad que guan su accionar, evitando que estn sujetas al temperamento del funcionario poltico de turno. Sin dudas la participacin activa y el compromiso de las fuerzas en la erradicacin de la violencia institucional es la llave para un proceso virtuoso.
Esta iniciativa no surge por una coyuntura puntual, es ms bien la consecuencia de la coherencia de nuestro proyecto poltico en la defensa de los derechos humanos y nuestra trayectoria de asumir desde el Estado las polticas para hacer efectiva esa defensa. Los antecedentes de las decisiones que tomaron en esta materia Nstor y Cristina nos marcan el camino. Desde el pedido de perdn a la sociedad en nombre del Estado y la recuperacin de la ex ESMA, hasta la prohibicin del uso de armas letales en manifestaciones pblicas.
Las represiones en manifestaciones pblicas son uno de los escenarios en los que los casos de violencia institucional suceden y si bien no son privativas de ninguna fuerza poltica, durante los cuatro aos del gobierno anterior han sido poltica de Estado. Existi una definicin de Mauricio Macri implementada por Patricia Bullrich de alentar y legitimar el accionar ilegal por parte de las fuerzas de seguridad y de construir discursos de odio para justificarse. Por eso cuando hoy los representantes de esa misma fuerza poltica hacen bandera de los derechos humanos con fines electoralistas y desestabilizadores sabemos que no hay nada de sinceridad en sus planteos.
Para alcanzar una democracia plena necesitamos erradicar la violencia institucional y construir una perspectiva democrtica de la seguridad pblica. Que el Congreso sancione esta ley ser, sin duda, un mensaje contundente: el Estado no est dispuesto a tolerar ninguna violacin de los derechos humanos. Los hechos de violencia institucional ya no tienen lugar en la Argentina.
